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Preguntas

El responsable de los residuos, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos, es aquella persona que, siendo designada por el productor o poseedor de los residuos, desarrolla las funciones de control, vigilancia e información en la gestión de residuos. Esta persona, debe tener los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus tareas y, en todo caso, es un trabajador de la empresa que actúa bajo las órdenes y directrices del empresario o sociedad productora o poseedora de los residuos.

La responsabilidad administrativa que pueda derivarse de la actividad de gestión de residuos, no recae sobre el «responsable de los residuos», sino sobre la empresa, que en su calidad de productora o poseedora de los residuos, es la persona física o jurídica a quien  el texto refundido de la  Ley reguladora de los residuos, que aprueba el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, responsabiliza de garantiza su correcta gestión.

En este sentido, los artículos 23 y 29.3 del texto refundido  de la Ley reguladora de los residuos, establecen que el productor y el poseedor de los residuos están obligados a garantizar que los residuos que generen o posean sean gestionados de manera correcta, es decir, de acuerdo con las prescripciones de la Ley y mediante gestor autorizado.

El incumplimiento de estas obligaciones da lugar a responsabilidades de carácter administrativo que siempre recaen sobre los destinatarios de las obligaciones, es decir, sobre el productor o el poseedor de los residuos, y no sobre otros sujetos como puede ser el encargado de los residuos.

Un tema bien diferente es la responsabilidad penal en la que se puede incurrir en materia de residuos, cuando el ilícito cometido sea constitutivo de delito de acuerdo con los artículos 325 y siguientes del Código Penal. En este ámbito, las responsabilidades recaerán sobre la persona o personas físicas a quien se pueda imputar el ilícito penal. Si procede, es posible imputar penalmente al encargado de los residuos, en cuanto haya tenido una participación en la comisión del delito.

Un subproducto es un residuo, tal y como establece la definición dada por el texto refundido de la Ley Reguladora de los Residuos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio: son subproductos «los residuos que se pueden utilizar directamente como materias primas de otras producciones o como sustituto de productos comerciales y que son recuperables sin necesidad de someterlos a operaciones de tratamiento».

Si bien se trata de residuos, los subproductos, por el hecho de poder ser aprovechados directamente, gozan de un régimen jurídico diferenciado.

En este sentido, el Decreto 93/1999 sobre procedimientos de gestión de residuos establece, en su artículo 29, que los subproductos quedan excluidos de las obligaciones documentales de control de residuos: Ficha de aceptación y Hoja de seguimiento. Por otro lado, el artículo mencionado regula el siguiente procedimiento de declaración de subproducto:

«El productor o poseedor y el receptor de un residuo deben comunicar a la Agència de Residus de Catalunya, para la correspondiente declaración de subproducto, la copia del contrato suscrito entre ambas partes en el que se acuerde la compraventa del residuo y una memoria explicativa en la que se haga constar su descripción y composición, la descripción del proceso receptor y de la materia prima a sustituir».

«La Agència de Residus de Catalunya declara subproducto al residuo, lo identifica con el proceso en el que se desea utilizar y hace constar la empresa productora y la empresa receptora. Esta declaración tiene una validez máxima de cinco años, transcurridos los cuales dejará de ser vigente».

«Las empresas que utilicen los residuos a los que se refiere el apartado anterior no deben inscribirse en el Registro general de gestores de residuos de Cataluña. Las empresas productoras y las receptoras de estos residuos deben hacer constar su transferencia en sus Declaraciones anuales de residuos industriales.»

 

El capítulo III del título primero del texto refundido de la Ley Reguladora de los Residuos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, regula la restauración de espacios degradados y la recuperación de suelos contaminados, y establece un régimen de responsabilidades para su regeneración.

El artículo 19 de dicho texto refundido establece que están obligadas a asumir el coste de las operaciones de limpieza y recuperación de los suelos contaminados y los espacios degradados, y si procede, a elaborar a su cargo los estudios de investigación y análisis de riesgo necesarios para determinar estas operaciones, las siguientes personas:

>Primero: las causantes de la contaminación, que deben responder de forma solidaria en caso de que se trate de más de una persona.

Segundo: subsidiariamente a las anteriores, y por este orden, las personas poseedoras de los terrenos y las personas propietarias no poseedoras de estos, que deben responder de forma solidaria en caso de que se trate de más de una persona.

Las personas causantes de la contaminación de un emplazamiento quedan obligadas a sanearlo en función del uso urbanístico que tenía cuando lo transmitieron, por lo que no se pueden requerir medidas de saneamiento complementarias vinculadas a los nuevos usos urbanísticos del suelo, a menos que hayan sido promovidos por ellas mismas.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 20 del texto refundido, la declaración de un suelo como contaminado puede comportar la suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación y otros aprovechamientos del suelo que sean incompatibles con las medidas de limpieza y recuperación del terreno que se establezcan, hasta que estas se lleven a cabo o se declare el suelo como no contaminado.

Por otra parte, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, establece en su título V la regulación básica estatal en materia de suelos contaminados. El régimen de obligaciones y responsabilidades establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, establece que la declaración de un suelo como contaminado comporta la obligación de realizar las actuaciones necesarias de limpieza y restauración, y establece que los mismos obligados deben asumir el coste de las operaciones que en Cataluña establece el texto refundido de la Ley de Residuos.

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero de 2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, regula las obligaciones de las actividades potencialmente contaminantes del suelo y establece los criterios que deben permitir la declaración de suelos contaminados por parte de los organismos competentes de las comunidades autónomas.

Entre otros aspectos, el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero de 2005, determina en el artículo 3 cuáles son las actividades potencialmente contaminantes del suelo (APC) y los informes que estas deben tramitar ante la administración competente (Agència de Residus de Catalunya, ARC).

Según establece el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero de 2005, las APC deben presentar dos tipos de informes según diferentes situaciones: el informe preliminar de situación (IPS) y el informe de situación (IS).

Asimismo, los propietarios de suelos en los que en el pasado se haya desarrollado alguna actividad potencialmente contaminante de este deberán presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente a las actividades potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo.

El Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña, en la redacción dada por el Decreto 92/1999, establece en su artículo 5.2 que los residuos que se produzcan, que se adquieran intracomunitariamente o que se importen deben gestionarse de acuerdo con las determinaciones del Catálogo.

No obstante, de acuerdo con el artículo 5.3, la Agència de Residus de Catalunya puede fijar una forma de gestión diferente en los siguientes supuestos:

a) Si se acreditan las diferencias en la composición o en el comportamiento previsible del residuo que evidencien su singularidad.
b) Si queda acreditada la posibilidad de llevar a cabo una forma de gestión del residuo, considerando las características de este residuo, que sea más beneficiosa ambientalmente.

En este sentido, debe presentarse la solicitud correspondiente, acompañada de un análisis del residuo realizado por un laboratorio acreditado por la Agència de Residus de Catalunya, a efectos de que esta autorice la forma de gestión diferente a la establecida por el catálogo.
La normativa vigente en materia de residuos no responde de forma global a la pregunta formulada, sino que se limita a regular ciertos plazos para determinadas obligaciones documentales. Así, debe destacarse lo siguiente:

El Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos, establece que la ficha de aceptación caduca automáticamente a los cinco años, por lo que debe mantenerse mientras esté en vigor.

Para la ficha de destino, el Decreto 93/1999, de 6 de abril, establece una vigencia de dos años, transcurridos los cuales esta podrá ser destruida.

El Decreto 136/2009, de 1 de septiembre, de aprobación del programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables en relación con la contaminación de nitratos que proceden de fuentes agrarias y de gestión de las deyecciones ganaderas, establece que los libros de gestión de las deyecciones ganaderas deben conservarse durante los cinco años posteriores a la fecha de la última anotación o del cese de la actividad. Asimismo, se establece que la persona ganadera o el centro de gestión de deyecciones ganaderas, si procede, debe conservar los comprobantes de entrega de las deyecciones, como mínimo durante cinco años, en su libro de gestión, junto con el justificante original firmado por la persona transportista y por la persona destinataria final, cuando proceda.

El Decreto 69/2009, de 28 de abril, por el que se establecen los criterios y los procedimientos de admisión de residuos en los depósitos controlados, establece que la entidad explotadora del depósito controlado debe elaborar un registro de la información contenida en la caracterización básica de los residuos que admite y, además, que debe conservar este registro durante un plazo mínimo de cinco años..

Asimismo, establece que el productor o poseedor del residuo debe llevar un registro de las pruebas de conformidad efectuadas y la entidad explotadora un registro de las pruebas de conformidad de los residuos que admite, que deben conservarse durante un periodo mínimo de cinco años.

En relación con la normativa estatal, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, establece la obligación del gestor de conservar el registro de los residuos gestionados cada año durante los cinco años posteriores.

Por su parte, el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, regula la obligación de los productores y gestores de residuos peligrosos de conservar durante cinco años los registros, el documento de aceptación, la declaración anual, la memoria anual de actividad y la documentación de control y seguimiento de los residuos.

Visto lo anterior, y a fin de simplificar, se puede establecer como regla general que la obligación de conservar la documentación de control de los residuos se mantiene por un periodo de cinco años.
Fecha de actualización:  09.09.2009